En la sede de la Academia Argentina de Letras, su presidente, Pedro Luis Barcia, presentó el "Diccionario argentino de dudas idiomáticas", con el objetivo de adaptar ese instrumento a la flexibilidad propia del uso que se hace de la lengua.
El volumen, coeditado con la casa Santillana, contó con dos locuciones previas; de la gerenta editorial de ese sello, Graciela Pérez de Lois, y del escritor, historiador y periodista Daniel Balmaceda.
En conversación con Télam, Barcia, de notable sentido del humor, aclaró que se trataba del "primer diccionario de dudas que publica una Academia de de la Lengua sobre las dudas propias de un país".
Y agregó que "hasta ahora, las 22 academias habíamos elaborado el `Diccionario panhispánico de dudas` (DPD), del 2005", que a diferencia de éste, "era un producto de todos los representantes de la hispanidad".
El especialista precisó: "En este volumen hicimos un recorte de aquellas dudas que son generales, es decir, comunes a Chile, Ecuador, México, los Estados Unidos, etcétera".
Pero en este caso "lo que hicimos fue agregar más o menos 300 dudas argentinas que recogimos a través de un consultorio telefónico y un correo electrónico manejados por investigadores. Y al producto lo sistematizamos en un banco de dudas que estudiamos una por una".
Barcia, con la autoridad que se reconoce, sostuvo que "el objetivo del diccionario es allanar y explicar tanto al hablante argentino como al escritor, profesor, comunicador, profesor, las dudas que se presentan habitualmente en el trabajo".
"¿Qué quiero decir? Si se dice presidente o presidenta; si se dice bautisterio o baptisterio, etcétera; despejar dudas, incluso morfológicas, cómo se escribe una palabra, o cómo se han adaptado muchos anglicismos", explicable.
Y sumó una ventaja: "Es un libro que se traslada fácil, no tiene 900 páginas sino 500, no es un mamotreto. Y la intencionalidad es ir actualizándolo cada tres o cuatro años para mantenerlo como un asistente, por decirlo así".
Finalmente, Barcia no dudó en asegurar que la idea-fuerza "es mejorar el nivel lingüístico de los comunicadores, de los alumnos, los profesores, porque para la Academia (argentina de Letras) la lengua es un instrumento privilegiado de conexión social, es el tejido conjuntivo de la sociedad".
Fuente: Telam
Este es el lugar de encuentro para realizar los debates con mirada amplia, invitando a voces diferentes para contribuir a la construcción del proyecto nacional y popular.
Billete de Eva
. La titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont y el síndico general de la Nación, Daniel Reposo, impulsaron el billete en homenaje a Eva Perón para 2012, a 60 años de su fallecimiento. Fue después de encontrar el boceto de uno elaborado en 1952 y censurado por el golpe de estado de 1955 (foto).
La Corte consultará a los ciudadanos para crear juzgados “a medida”
fuente : El Argentino.com
A través de las redes sociales y otros canales de comunicación espera recibir propuestas, opiniones y reclamos. Estiman que las villas de emergencia y los aeropuertos podrían ser las primeras sedes con alcances específicos.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, anunciará hoy en una conferencia de prensa, una iniciativa, denominada “gobierno abierto” que pretende restañar los lazos entre los ciudadanos y la justicia. Se trata, más allá de los tecnicismos y los objetivos proclamados, de un proyecto para abrir todos los canales de comunicación, especialmente las redes sociales de Internet, para recibir propuestas, opiniones y reclamos.
La Corte sabe que es hoy, probablemente, uno de los estamentos institucionales más reconocidos por la ciudadanía por su proclamada independencia. Esa imagen –independientemente de que coincida o no con la realidad– está asentada justamente en una decisión estratégica que tomó a poco de asumir su cargo el propio Lorenzetti: entreabrir las puertas del tribunal.
A través de las redes sociales y otros canales de comunicación espera recibir propuestas, opiniones y reclamos. Estiman que las villas de emergencia y los aeropuertos podrían ser las primeras sedes con alcances específicos.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, anunciará hoy en una conferencia de prensa, una iniciativa, denominada “gobierno abierto” que pretende restañar los lazos entre los ciudadanos y la justicia. Se trata, más allá de los tecnicismos y los objetivos proclamados, de un proyecto para abrir todos los canales de comunicación, especialmente las redes sociales de Internet, para recibir propuestas, opiniones y reclamos.
La Corte sabe que es hoy, probablemente, uno de los estamentos institucionales más reconocidos por la ciudadanía por su proclamada independencia. Esa imagen –independientemente de que coincida o no con la realidad– está asentada justamente en una decisión estratégica que tomó a poco de asumir su cargo el propio Lorenzetti: entreabrir las puertas del tribunal.
ACOSO SEXUAL A NIÑOS Y NIÑAS POR INTERNET. MEDIA SANCIÓN DEL SENADO.
El Senado nacional dio media sanción al proyecto de ley que penaliza el acoso sexual por Internet, llamado grooming. Fue aprobado por unanimidad e incorpora al Código Penal el artículo 128 bis, que contempla penas de seis meses a cuatro años para quien "por intermedio de identidad falsa, mediante la utilización de cualquier medio electrónico, cometiere acciones destinadas a ejercer influencia sobre un menor para que este realice, a través del mismo medio, actividades sexuales explícitas o actos con connotación sexual". El proyecto fue girado a la cámara de Diputados.
Cooperativas Ahora Pueden Emitir Televisión
El aún titular de Afsca, Gabriel Mariotto, confirmó que cayó una de las cautelares que impedía la total aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Cámara de Apelaciones revocó una medida dictada por el juez federal Edmundo Carbone y las cooperativas podrán ofrecer televisión. Mariotto informó en radio Nacional Rock que la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto la suspensión cautelar del artículo 30, y las cooperativas, muy fuertes en muchas provincias, podrán ofrecer el servicio de televisión por cable.
Dictada en julio pasado por el juez federal de Córdoba Edmundo Carbone, la medida cautelar respondía al reclamo de un cableoperador de Monteros (norte de Córdoba) que cuestionaba una presunta "ventaja desmedida" a favor de las cooperativas respecto de las empresas privadas por estar exentas del pago del Impuesto a las Ganancias, ocultando que esa ventaja se debe a que son empresas que no persiguen fines de lucro y que por esa razón fueron inhibidas de participar desde la última dictadura.
La medida cautelar fue luego utilizada para limitar a todas las cooperativas que esperaban, desde hace al menos un año, las licencias de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) para incorporar este servicio.
Bahía Blanca, Dolores y Santiago del Estero habían sido los tres puntos del país en los que nacieron las cautelares que buscaron frenar la grilla de programación de los canales.
Hasta el momento, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) apeló la decisión judicial sobre las presentaciones del Grupo Ick, de Santiago del Estero, y de la empresa Dorrego TV, en Bahía Blanca.
Igualdad jurídica
En una entrevista publicada por Miradas al Sur, Luis Lazzaro, coordinador general de Afsca, señaló que "desde el nacimiento de la ley 22.285 de 1980 (sancionada por la dictadura) se contempló una exclusión que explicitó la imposibilidad de acceder a una licencia de radio o televisión para aquellas sociedades que no fueran sociedades comerciales o personas físicas. La lucha histórica por la igualdad jurídica y porque las entidades sin fines de lucro pudieran acceder a estos servicios caracterizó el período de lucha desde el restablecimiento de la democracia en adelante, conjuntamente con el pedido de una nueva ley democrática".
En dos oportunidades, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo de la vieja ley, justamente por la proscripción que generaba no sólo de las cooperativas, sino también de todo el sector sin fines de lucro. Esa injusticia recién se reparó con la sanción de la ley 26.522 en octubre de 2009.
La única exclusión general que se hizo fue respecto de los prestadores privados de servicios públicos, por entenderse que las empresas de telecomunicaciones en el sector privado sí pueden afectar la competencia.
Lo que sí plantea la nueva ley es que previo al dictamen de otorgamiento de la licencia debe haber una opinión de la Comisión de Defensa de la Competencia.
Sin embargo, cuando no hay otro prestador, la licencia se da automáticamente sin necesidad de un dictamen de Defensa de la Competencia.
La larga espera
"De 80 cooperativas que se presentaron, 50 esperaban el dictamen –subraya Lázzaro– y es en ese contexto que aparece la medida cautelar iniciada y promovida por cableros del interior sobre los que no tenemos dudas de que están alineados con los intereses de los grupos monopólicos del sector, básicamente Cablevisión. Por eso se paralizaban no sólo los trámites de las cooperativas de servicios públicos, sino todas las tramitaciones del sector cooperativo para sus licencias".
El juez Carbone fue también quien había dictaminado una medida cautelar en favor del Grupo Clarín respecto del artículo 161 de la Ley 26522, llamado por las empresas de "desinversión", y por el cual los monopolios que generan contenidos no pueden distribuirlos.
El artículo busca, asimismo, evitar que quienes ofrezcan contenidos sólo emitan los propios, de modo de diseñar una grilla de carácter plural e inclusivo.
En palabras del titular del Afsca, Gabriel Mariotto, el argumento de Carbone era "absurdo" y "contra la economía social".
Listos para obtenerla
"Estimamos que en la primera quincena de diciembre de este año, si los organismos del Estado actúan con celeridad vamos a tener la licencia de la Afsca", señaló el presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (CPE), Oscar Nocetti, quien observó que da por supuesto que "el Estado está tan interesado como nosotros en pluralizar las voces", al tiempo que se pronunció contrario a los monopolios y deseoso de poder competir como lo hacen con el gas, la telefonía e internet.
"Queremos que el socio pueda elegir", subrayó, y aseguró que el servicio no superaría los cien pesos (contra los casi 130 de abono que exige Cablevisión en la zona).
Los argumentos en contra de las cooperativas han sido varios a lo largo de los tiempos.
Se ha hablado de presuntas posiciones monopólicas cuando en realidad se trata de una organización de los vecinos para darse un servicio a sí mismos –algo que los distingue de otro tipo de organización empresaria–, ocultando que son entidades que prestan servicios allí donde el mercado no encuentra un interés comercial relevante.
En este caso, el argumento fue una supuesta ventaja económica por no tener que pagar Impuesto a las Ganancias.
En una segunda instancia hubo una revisión por parte de un nuevo juez en la causa, que finalmente entendió que no correspondía la continuidad de la medida cautelar. En segundo lugar, que no debió haberse ordenado la paralización de las tramitaciones en función de ese argumento.
"Tenemos la expectativa –puntualizó Lázzaro– de que se pueda recuperar un escenario de competencia genuina frente a lo que ha sido verdaderamente la amenaza principal para todos los usuarios, que es la concentración monopólica con tarifas abusivas y discrecionalidad en el manejo de la grilla. Nuestra aspiración es que, tal y como lo establece la Constitución, haya igualdad jurídica y posibilidad de competencia".
Desafío de los próximos cuatro años
En el X Congreso Nacional de Salud Mental y Derechos Humanos, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el titular de la AFSCA y vicegobernador electo bonaerense, Gabriel Mariotto, afirmó que la participación de los argentinos es el "desafío de los próximos cuatro años", y afirmó que la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual permitió una "ampliación de la ciudadanía".
Junto al gerente de contenidos de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba, Jorge Navarro, el funcionario sostuvo que "los argentinos hoy tenemos que hacer lo que corresponde, que es discutir, participar y establecer las direcciones de políticas de Estado que pretendemos en el marco de la pluralidad, de la diversidad y la multiplicidad de opiniones, y ese es el desafío para estos cuatro años".
fuente: Secretaria de Comunicación Pública
Las patrullas municipales son “los ojos del intendente”
LA MATANZA
CAMERUCCI TRAZA UN BALANCE DE LA FUERZA
El titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, a cargo de las 60 camionetas de la Patrulla Municipal, remarca que la prevención es “el fundamento” de la seguridad. “Los móviles nos informan de todo lo que encuentran en su camino”, pondera.
Como secretario de Protección Ciudadana, el abogado Osvaldo Camerucci es responsable de la Patrulla Municipal, que cumplirá un año de funcionamiento a principios de diciembre, tras un inicio signado por la desconfianza de algunas organizaciones sociales.
En su oficina del palacio municipal, trazó un balance de la actuación del área, adelantó la incorporación de nuevas cámaras, celebró el diálogo con la gente y definió a las patrullas como “los ojos del intendente”. “Estamos muy satisfechos, porque les hemos brindado mayor prevención a los matanceros”, manifiesta.
La confianza del vecino
Para Camerucci, la prevención y la comunicación son prioridades. “Las patrullas no están solamente en San Justo, sino, también, en el kilómetro 47, en Virrey del Pino. Diariamente, nos informan de todo lo que ven en su recorrida”, asegura.
Del mismo modo, las 60 patrullas realizan otras funciones: por ejemplo, vigilan escuelas en los horarios de entrada o salida y detectan si hay un árbol caído, si aparece un nuevo basural o si un cable quedó tendido luego de una tormenta. Incluso, asistieron en más de un inesperado parto en las calles del Partido.
En estos meses, los móviles han logrado la confianza de los matanceros, según el secretario de Protección Ciudadana. “La patrulla se detiene para constatar que el vecino entre con su auto a su casa, y este la frena para comentarle una problemática del barrio”, ejemplifica.
Además, se realizan charlas “permanentes” con los foros vecinales: “Ayudamos con toda la prevención que la estructura actual nos permite a su pedido de seguridad”.
Por el momento, sin embargo, no hay diálogo con el vecino municipio de Morón para buscarle una solución conjunta al delito en la avenida Gaona.
Más cámaras, más prevención
La red de videocámaras que envuelve al Distrito se extendería próximamente. “Como nos han dado un resultado importante y sirven para que los fiscales puedan determinar delitos con exactitud, pensamos adquirir más cámaras”, anticipa Camerucci.
“La acción en seguridad es exclusiva y excluyente de la policía, pero la mayor prevención redunda en mayor seguridad”, defiende, y sintetiza: “El objetivo primario es que el delito no se cometa”.
Desde diciembre de 2010, más de 200 videocámaras siguen lo que sucede en puntos estratégicos de las 15 localidades. Así, registran delitos y el centro operativo informa del hecho al móvil más cercano al lugar, sea de la patrulla o de la policía. “La reacción es inmediata”, destaca el secretario.
Personal limpio, un año después
Contra las quejas manifestadas antes de su puesta en marcha, el primer año de la Patrulla Municipal transcurrió sin casos de abuso de poder. “Somos muy cuidadosos”, sostiene Camerucci.
“Cuando encontramos algo que no nos gusta, lo dejamos fuera del servicio inmediatamente. Eso es de vital importancia”, recalca. E insiste: “No hubo problemas con el personal ni puede haber, ya que Derechos Humanos nos dio el aval sobre sus legajos”
Crean el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego
El Gobierno Nacional creó el "Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego" que dependerá de la Secretaría de Cultura, publica este lunes el Boletín Oficial.
Según el decreto 1880/2011 se crea el Instituto, con carácter de organismo desconcentrado, para "el estudio, la ponderación y la enseñanza de la vida y obra de las personalidades de nuestra historia y de la Historia Iberoamericana".
Personalidades que "obligan a revisar el lugar y el sentido que les fuera adjudicado por la historia oficial, escrita por los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX".
El Instituto tendrá 33 miembros ad honorem, entre los que se destacan el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, Mario "Pacho" O´Donnell, Felipe Pigna, Hernán Brienza, Araceli Bellotta, Víctor Ramos y Luis Launay.
El decreto además instituye dos premios.
El premio "José María Rosa", que será otorgado cada dos años al historiador, ensayista o pensador argentino que más se haya destacado en la investigación, elaboración y divulgación de la historia revisionista nacional.
El premio "Jorge Abelardo Ramos", que distinguirá a quien se haya destacado, dentro del territorio iberoamericano, en la historia revisionista continental.
Ambos premios deberán representar un aliciente económico para los ganadores y se podrán establecer Menciones para aquellos trabajos que merecieran destacarse además del ganador.
El decreto de creación del Instituto lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; del ministro de Economía, Amado Boudou y del ministro de Educación, Alberto Sileoni.
Personalidades que "obligan a revisar el lugar y el sentido que les fuera adjudicado por la historia oficial, escrita por los vencedores de las guerras civiles del siglo XIX".
El Instituto tendrá 33 miembros ad honorem, entre los que se destacan el Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, Mario "Pacho" O´Donnell, Felipe Pigna, Hernán Brienza, Araceli Bellotta, Víctor Ramos y Luis Launay.
El decreto además instituye dos premios.
El premio "José María Rosa", que será otorgado cada dos años al historiador, ensayista o pensador argentino que más se haya destacado en la investigación, elaboración y divulgación de la historia revisionista nacional.
El premio "Jorge Abelardo Ramos", que distinguirá a quien se haya destacado, dentro del territorio iberoamericano, en la historia revisionista continental.
Ambos premios deberán representar un aliciente económico para los ganadores y se podrán establecer Menciones para aquellos trabajos que merecieran destacarse además del ganador.
El decreto de creación del Instituto lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; del ministro de Economía, Amado Boudou y del ministro de Educación, Alberto Sileoni.
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