Por Hernán Monath, Coord. Programa de Orientación y Desarrollo Educativo Sociocomunitario (PODES)
Muchas veces se plantea la discusión y el cuestionamiento sobre los elementos principales que definen el modelo socioeconómico implementado en nuestro país a partir de la presidencia de Néstor Kirchner y que continúa marcando el rumbo de las políticas públicas implementadas por la gestión de Cristina Fernández.
Las respuestas a estos planteos suelen remitir al terreno de la política económica, refiriéndose por lo general a aspectos sobre el tipo de cambio competitivo para la industria nacional, las recuperación del sistema jubilatorio por parte del Estado, las políticas de compensación y tributación agropecuaria, etc.
Un elemento central, que caracteriza en su totalidad el ciclo de políticas de estado impulsadas por Néstor y Cristina, es que han modificado y fortalecido significativamente el sistema educativo público en nuestro país.
La educación ha sido una de las banderas y de las prioridades de ambos mandatarios, no sólo en el plano simbólico o discursivo, sino que además fue sostenido con la sanción de leyes nacionales y la inversión de una importante cuantía de recursos públicos que dieron cuerpo a las mejoras en la educación como parte de la propuesta política y de gobierno que caracteriza el ciclo 2003-2011.
Néstor asumió personalmente la conducción de estas reformas, con una de sus primeras gestiones de gobierno que consistió en destrabar los conflictos salariales que impedían, allá por el año 2003, el comienzo de las clases en siete provincias del país. De esta manera, se comenzaba a poner fin a la avanzada privatizadora y de ajuste salarial docente que impulsaban el FMI y el Banco Mundial, a través de de los funcionarios del gobierno de Menem y De La Rúa.
Además de los gestos políticos, el gobierno inició un proceso de consulta federal en el ámbito de la comunidad educativa que confluyó en la promulgación en el año 2006 de la Ley de Educación Nacional Nro. 26.206, la cual dio por tierra los principios de mercantilización de la educación en la etapa neoliberal, y consagró el principio de la educación como un “…bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.” (LEN 26206, art.2)
Esta ley promueve el acceso de todas y todos las/os ciudadanos a la información y el conocimiento, como instrumento central de las políticas públicas para la participación de toda la sociedad en el proceso de desarrollo y crecimiento económico que debe mejorar las condiciones de vida en forma equitativa y sustentable.
Previo a la sanción de esta norma, en el año 2005, ya se había sancionado la Ley de financiamiento educativo (ley 26.075), la cual establecía el porcentaje del PBI que la Nación debía asignar a la educación pública, debiendo alcanzar el 6% del mismo en un lapso no mayor a cuatro años desde su sanción. Luego de años de precarización docente -recordemos la triste experiencia de la carpa docente y la huelga de hambre que realizaron los trabajadores de la educación- se fijaba por ley el piso de recursos que la sociedad invertiría para garantizar una educación de calidad, con equidad entre provincias y con condiciones dignas para sus trabajadores. Ese mismo año se sancionó la Ley de Educación Técnica 26.058, asegurando el financiamiento necesario para alcanzar una educación técnico-profesional de calidad que acompañe la reindustrialización del país.
De esta forma, a través de la legitimidad y la fuerza constitucional que dieron las sanciones de ambas leyes junto a otras que se orientaron a reconstruir el sistema de formación técnico-profesional y la educación universitaria, se generó una verdadera transformación del sistema educativo que busca acompañar el modelo de producción nacional y los nuevos desafíos del conglomerado científico tecnológico en la Argentina de hoy.
Estos cambios fueron acompañados por distintos sectores de la sociedad: el poder ejecutivo, el legislativo, los gobiernos provinciales, los gremios docentes y otros. Esta amplitud de los sectores involucrados, muestra a las claras la intensidad y profundidad de las políticas encaradas en este modelo.
Por supuesto que este proceso no se agota en lo realizado: quedan viejos y nuevos desafíos por delante. Sin embargo, es un avance enorme que demuestra la importancia de la educación para el gobierno.
A modo de ejemplo se pueden mencionar los siguientes resultados:
· Más de 1600 escuelas nuevas construidas desde el 2003
· Porcentaje del PBI destinado a educación: 3,86% (en el 2003) frente al 6,46% (en el 2010). En pesos corrientes el aumento fue del 523%
· La masa salarial docente aumentó un 430% en el mismo período
· Se multiplicó por 100 la inversión en Educación Técnica
· Aumentó un 25% la matrícula en escuelas secundarias como resultado de la implementación de la asignación universal
· Un millón de netbooks entregadas a alumnos y docentes de escuelas públicas (en el 2012 se llegará a casi 3,5 millones de PC entregadas)
· 528% de aumento en el financiamiento universitario
Como se ve, son muchos los datos objetivos que permiten entender la centralidad del proyecto educativo en las políticas implementadas por los gobiernos de Néstor y Cristina. El desarrollo de la educación pública es claramente una parte de este modelo nacional y popular.
Por eso, éste es un buen momento para comprender que la defensa de la educación para todos y todas no es un hecho natural, sino que se vincula con el proyecto político que promueve la sociedad a través de los gobiernos que elige democráticamente mediante el voto (podemos citar, como contraejemplos actuales en términos de políticas educativas, modelos conservadores y liberales como el de Chile o el de la Ciudad de Buenos Aires).
En ese sentido, es necesario acompañar los cambios realizados, exigir una formación digna para todos y todas e involucrarnos activamente para que la educación sea cada vez más una herramienta clave de transformación para la construcción de una patria de libertad, justicia e inclusión.
