por Exequiel Cunibertti
En la ultima semana la presidenta de la Nación Argentina, anunció un nuevo incremento en los salarios de los jubilados del 17,33%, lo que de acuerdo a la ley de movilidad jubilatoria, importara casi un 35% de incremento en lo que deparara el año 2011. Esta medida, es en conjunción, una política de estado muy importante, para sectores que habían sido vilipendiados durante más de una década.
La administración publica que lleva adelante el gobierno nacional, si hablamos en datos duros, ha otorgado desde el año 2003, un incremento medido en unidad monetaria de $1077,78. En términos porcentuales, el crecimiento es de 719%, algo así como 7,2 veces más que en 2003.
Ahora, veamos algún número más interesante todavía, derrumbemos el mito de que la inflación le reventó el bolsillo a los jubilados. En 2003, el precio del kilo de pan se encontraba en un mínimo de $1,50, es decir que con el nivel salarial que los jubilados obtenían, podían comprar 100 kilos de pan. En 2011, el kilo de pan se encuentra en promedio en $6,50 (el mínimo es de $ 5,00 que es el que se constata en muchas panaderías y en la canasta básica, pero para que nadie nos corra con este tema, vayamos al promedio, cosa injusta al análisis). A partir de marzo de 2011, los jubilados con sus ingresos podrán adquirir 188,89 kilos de pan, por ende, hoy un jubilado tiene la posibilidad de consumir 88,89 kilos de pan más que en 2001, casi un 90% de incremento en los niveles de consumo.
Vamos a otro dato, bastante cipayo por cierto, pero tiene su fundamento en anteponer una respuesta a lo que realizan muchos economistas ortodoxos, utilizar el dólar para medir los incrementos reales y comparar el modelo económico menemista con el actual. (Ndr: en Argentina, se cobra en pesos y se consume en pesos, pero esto es una actividad común en el campo de la ortodoxia). Si analizamos el precio del dólar en febrero de 2003 con un tipo de cambio establecido en $3,17 igual a US$ 1, permite conocer que los jubilados percibían US$ 47,32 de masa salarial. Si nos tomamos el ejercicio de hacer números rápido, podemos determinar que en febrero de 2011, las jubilaciones, representan $ 4,01 a US$ 1, un monto en dólares de US$ 303.91. A partir de esto, podemos determinar un incremento de sus salarios en dólares de un 542,25 % en 7 años.
Ahora bien, en octubre de 2010, se aprobó en ambas cámaras una ley que implica que el estado nacional garantice el 82% móvil para los jubilados, que la presidente Cristina Fernández atinadamente vetó. Pero ¿Acaso esto está mal? ¿No se corresponde a la justicia social, que expresamos desde el peronismo? ¿No se corresponde con la movilidad hacia arriba que se expresa desde el “progresismo”? La respuesta, de cualquier vertiente del campo nacional y popular, es que el estado nacional debe garantizar el 82%, es una bandera que tenemos que levantar..
Pero aquí está el eje de la cuestión, ¿Se puede pagar? La respuesta es no, en el corto plazo. Pensemos lo siguiente, entre los aportes patronales y los aportes personales, se aportan al sistema previsional argentino 27% del salario. Si hacemos otra cuentita rápida, podemos saber cuantos trabajadores en actividad deben financiar a los trabajadores pasivos, dado que el sistema previsional es un sistema solidario, donde los trabajadores en actividad, con sus aportes financian a los trabajadores mayores que han podido jubilarse. En la actualidad existen 1,6 trabajadores aportantes para cada jubilado. Por lo tanto, hasta que no se reduzca el nivel de empleo informal, es inviable, sancionar una ley que no puede ser efectivizada económicamente, otra cuestión, que se debe contemplar siempre es la recaudación fiscal de la nación, dado que a mayor recaudación fiscal, mayor disposición de recursos para aplicar políticas publicas a los sectores más desprotegidos.
Por lo tanto, las declaraciones de Julio Cobos, (quien nuevamente tuvo lugar privilegiado en el desempate en el senado y nuevamente voto en contra del oficialismo al que representa) de “…si hay voluntad política, aparece la plata…”, demuestran que este análisis se alejaba de la realidad económica y del sistema previsional, y marcaba la fuerte vinculación de esta legislación con una declamación política, que buscaba que el gobierno nacional pagara el costo de un veto cantado, por una cuestión meramente matemática. Fue tal, el déficit de rigor técnico utilizado para refrendar esta ley, que omitían el principio de igualdad ante la ley, que implicaba una diferencia de $28.000 millones, entre lo que se aprobaba en el congreso y la realidad practica de esta legislación.
En el momento de la sanción de dicha ley, el monto jublilatorio, representaba el 62,5% del mínimo vital y móvil, a partir de marzo de 2011, el mismo representará un 66,75%, de esta manera, en tan solo 4 meses se redujo casi un 5% esa brecha.
Como ultimo análisis, tendremos en cuenta la ley de movilidad jubilatoria, que indica dos incrementos anuales, y que en la practica los mismos fueron en los mismo niveles porcentuales, por lo que se podría cerrar este año, con un importe jubilatorio de $1440, que alcanzarían un 78,3% del salario mínimo vital y móvil.
De esta manera, el gobierno nacional demuestra, que no es la voluntad política la que otorgara la justicia social con los jubilados, sino que será la gestión y la administración responsable del estado. Y que cada contribuyente en la Argentina, cada empleador que regulariza la condición de sus empleados, encontrara en el estado nacional un aliado estratégico, para garantizar el ingreso ciudadano, el consumo interno y el nivel de actividad productivo para reducir la desigualdad social.
Por lo tanto, consideramos que la voluntad política debe estar orientada a otorgar beneficios reales y no simplemente expresiones de deseo, dado que, la voluntad política, puede mejorar enormemente la situación de las personas, como lo ha hecho desde 2003, pero por el momento plata, no fabrica.